Petróleos de Venezuela S. A. has filed a formal arbitration claim before the International Chamber of Commerce against Jamaica’s state oil company, Petrojam, challenging the 2019 forced nationalization of a binational refinery. Este reclamo representa un nuevo episodio en la compleja red de litigios internacionales que el Estado venezolano sostiene para proteger, recuperar o monetizar sus activos en el exterior. El foco central de este reclamo es la decisión del Gobierno jamaiquino de nacionalizar forzosamente una refinería de la cual la estatal venezolana era copropietaria. The dispute centers on a 49 percent stake acquired under the Petrocaribe initiative.
Una filial de Petróleos de Venezuela S. A. (PDVSA) ha emprendido una acción legal formal ante la Cámara de Comercio Internacional (CCI) contra el grupo petrolero estatal de Jamaica, Petrojam. Para comprender la magnitud de la actual disputa legal, es fundamental repasar los antecedentes de la alianza energética entre ambas naciones.
The Petrocaribe Partnership and 2006 Acquisition
The current legal battle traces back to 2006, when regional energy cooperation was expanding across the Caribbean. En el marco de la iniciativa geopolítica Petrocaribe impulsada en 2006, PDV Caribe (filial de Pdvsa adquirió el 49 % de las acciones de Petrojam, la única refinería de petróleo en Jamaica. El gobierno de la isla, a través de la Petroleum Corporation of Jamaica (PCJ), mantuvo la participación mayoritaria del 51 %. El objetivo principal de esta transacción era realizar una inyección de capital sostenida para modernizar, expandir y mejorar la capacidad de procesamiento de las instalaciones.
Within the framework of the Petrocaribe initiative promoted by the government of Hugo Chávez, PDV Caribe acquired a 49 percent share in Petrojam, which operates the only oil refinery in Jamaica. El 51% restante estaba en manos de la estatal Petroleum Corporation of Jamaica (PCJ). As part of the convenio, PDVSA asumió el compromiso de aportar financiamiento para la modernización y ampliación de la capacidad operativa de la refinería. Sin embargo, durante la década siguiente, las inversiones prometidas por la parte venezolana para la mejora de la refinería no se materializaron, generando tensiones entre los socios.
Sanctions, Legislation, and the 2019 Expropriation
La situación bilateral se agravó significativamente con la posterior imposición de sanciones por parte del gobierno de los Estados Unidos a Pdvsa, lo que limitó drásticamente la operatividad comercial, el suministro de crudo y las transacciones financieras de la empresa venezolana. Relations strained further as Washington escalated its economic pressure against Caracas, affecting the supply of crude and investment capacity.
Argumentando que el riesgo inminente de las sanciones estadounidenses y la paralización de las inversiones ponían en peligro directo la seguridad, el suministro y la soberanía energética de la isla, el parlamento de Jamaica aprobó en febrero de 2019 una legislación de adquisición obligatoria. Esta maniobra legal permitió al Gobierno jamaiquino expropiar el 49 % de las acciones pertenecientes a Pdvsa, asumiendo así el 100 % del control de la refinería.
Las autoridades de Jamaica justificaron la medida al señalar que buscaban garantizar la seguridad energética del país y evitar que las restricciones internacionales sobre PDVSA afectaran el funcionamiento de la refinería. En su momento, las autoridades de Jamaica indicaron que los fondos correspondientes al valor de las acciones serían depositados en una cuenta de garantía bloqueada, bajo el argumento de que las restricciones financieras impuestas por Washington impedían cualquier transferencia directa a las cuentas del Estado venezolano.
Arbitration Claims and the 250 Million Dollar Valuation
A pesar de estas medidas, Venezuela nunca desistió de sus derechos sobre el activo, exigiendo no solo el pago del valor nominal de las acciones, sino también compensaciones por dividendos vencidos y el valor real de mercado de la instalación. Caracas mantuvo su reclamo sobre la operación y sostiene que la compensación debe incluir otros conceptos económicos como dividendos pendientes y el valor real del activo petrolero.
Cifras que en su momento el Ministerio de Petróleo venezolano estimó en torno a los 250 millones de dólares. Según estimaciones presentadas anteriormente por autoridades venezolanas, el reclamo podría rondar los 250 millones de dólares.
Al elevar formalmente el caso ante la Cámara de Comercio Internacional —una de las instituciones de arbitraje más importantes del mundo—, PDV Caribe busca que un tribunal arbitral determine la compensación que correspondería por la pérdida de su participación en Petrojam y emita una decisión de cumplimiento obligatorio para ambas partes.
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